Corte Internacional de Justicia acoge las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica y ordena a Nicaragua salir de Isla Portillos

La Corte Internacional de Justicia dio hoy la razón a Costa Rica y acogió por unanimidad la solicitud de nuevas medidas provisionales para frenar las agresiones perpetradas por Nicaragua en el territorio costarricense de Isla Portillos.

La Corte ordenó a Nicaragua retirar cualquier personal civil, de policía o de seguridad, y evitar que ingresen a dicho territorio. Por otra parte, le ordena abstenerse de cualquier dragado y otras actividades en el territorio en disputa, en particular, abstenerse de cualquier tipo de trabajo en los dos nuevos caños.

Además, dio un plazo de dos semanas para que rellene la zanja en la playa que Costa Rica denunció.

Costa Rica “recibe con beneplácito el pronunciamiento de la Corte, que ha dado razón a nuestras denuncias ante las violaciones de las medidas tutelares dictadas en 2011, cometidas por Nicaragua. Estamos muy complacidos de que se haya hecho justicia y esperamos que Nicaragua acate lo resuelto y podamos normalizar la situación hasta que la Corte dicte el fallo final”, declaró el Canciller Enrique Castillo, quien se encuentra en Washington, donde es recibido por la Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, señora Roberta Jacobson.

“Es un triunfo para el Derecho Internacional, un notable éxito jurídico para Costa Rica, y una seria llamada de atención a Nicaragua para que deje de burlar las órdenes de Corte (Internacional de Justicia) e irrespetar la integridad territorial y la soberanía costarricense”, agregó el Jefe de la Diplomacia costarricense.

Fallo determinante. De forma unánime, los jueces señalaron que Nicaragua había emprendido obras nuevas en la zona declarada en disputa en su providencia del 8 de marzo de 2011, y le ordenó cerrar la zanja que su personal había excavado en la arena con la intención de unir el nuevo caño excavado con el mar Caribe. La Corte le dio un plazo de dos semanas a Nicaragua para cumplir esta orden, y deberá rendirle un informe a la Corte en un plazo de una semana luego de completado el trabajo para demostrar su cumplimiento, incluyendo evidencia fotográfica.

Asimismo, de forma unánime, la Corte tuvo por demostrado que Nicaragua ha mantenido presencia de personal militar y civil en la zona, por lo que decide reforzar su anterior providencia del 8 de marzo de 2011, en esta ocasión ordenándole a Nicaragua el retiro inmediato de su personal civil y militar, y además tomar medidas para evitar el nuevo ingreso de otro personal civil bajo su control. Costa Rica ha denunciado reiteradamente la presencia de los llamados Guardabarrancos en dicha zona, auspiciados por el Gobierno de Nicaragua.

Finalmente, en una votación de 15 a 1 (este corresponde al juez Ad Hoc nombrado por Nicaragua), la Corte decide que Costa Rica, tras consultar con la Secretaría de la Convención de Ramsar y notificar previamente a Nicaragua podrá tomar las medidas apropiadas en relación con los dos nuevos caños, que sean necesarias para prevenir daños irreparables al medio ambiente de la zona en disputa. Al hacerlo, Costa Rica deberá evitar efectos adversos al río San Juan.

Solicitud de Costa Rica. La resolución de la Corte fue dada a conocer, hoy, 22 de noviembre, luego de que Costa Rica presentara la solicitud de nuevas medidas cautelares  el pasado 24 de setiembre de 2013. Ello se produjo luego de que el Gobierno costarricense denunciara, el 17 de setiembre, nuevas agresiones perpetradas por Nicaragua a la integridad territorial y soberanía costarricense, que se suman a las violaciones del año 2010, en las que el régimen de Managua invadió el territorio costarricense de Isla Portillos-Isla Calero.

El 8 de marzo de 2011, la Corte dictó medidas cautelares en las que ordenó abstenerse de mantener presencia militar o civil en la zona en disputa. Costa Rica ha denunciado que Nicaragua ha desobedecido el mandato del Alto Tribunal y sistemáticamente violado la soberanía costarricense.

Entre las nuevas agresiones, nuestro país denunció la apertura de dos nuevos caños artificiales en territorio costarricense de Isla Portillos.Uno de los caños tiene un ancho de entre 20 y 30 metros y casi 300 metros de largo.Costa Rica denunció que la excavación de dichos caños buscaban  desviar el río San Juan y hacerlo desaguar en el Atlántico. En su resolución de hoy, la Corte tuvo por válido este riesgo.

Para Costa Rica ha sido primordial el amparo de la Corte Internacional de Justicia, pues reafirma que  la única opción posible para una nación que hace 65 años abolió el ejército, es el Derecho Internacional. Una vez conocida la resolución, resulta igualmente fundamental que Nicaragua atienda rigurosamente el mandato del Alto Tribunal y que se abstenga de seguir realizando actividades orientadas violar las órdenes de la Corte.

El Jefe de la Diplomacia costarricense ha manifestado que las agresiones del gobierno de Nicaragua hacia Costa Rica son parte de una “conducta expansionista”, que además, Nicaragua “afecta los equilibrios en Centroamérica y la paz en la región”. Las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia también mostraron la política de “mal vecino” de Nicaragua, afirmó el Ministro Castillo.

La petición. En su petición a la Corte, Costa Rica insistió en la necesidad de impedir que Nicaragua concluyese los trabajos de excavación de los nuevos caños, pues de lo contrario, “se corre el riesgo de se imponga un hecho cumplido antes de que la Corte emita su fallo final”.También  advirtió sobre la existencia de un riesgo “real e inminente de prejuicio irreparable”, pues una de las consecuencias de las nuevas obras ilegales por parte de Nicaragua es que el cauce del río San Juan sea desviado para siempre hacia el Mar Caribe, incluida la ubicación geográfica y la configuración de su salida al mar, así como por los graves y nuevos daños a un humedal internacionalmente protegido.

Pruebas irrefutables.Durante las audiencias, celebradas en el Palacio de la Paz en La Haya, del 14 al 17 de octubre de 2013, Costa Rica aportó pruebas contundentes, incluida fotografías, vídeos, así como información satelital, campamentos militares aún presentes, así como la excavación de una fosa cuyo objeto es la de unir el caño con el Mar Caribe. En una de las fotos se apreció una draga de gran dimensión.

En la “errática, falsa y engañosa”, como calificó la Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla la actitud de Nicaragua, el régimen de Managua ensayó diversas versiones. Primero negó que estuviese presente en la zona. Más adelante, afirmó que no había realizado ningún tipo de trabajos, aunque luego señaló que los nuevos caños que construían eran producto de las lluvias; luego, que limpiaban el lugar de plantas acuáticas; y después que quien hizo los trabajos fue el Edén Pastora, intentando responsabilizarlo absolutamente, aunque es un funcionario gubernamental. Finalmente, ante la contundencia de las pruebas, admitió que se habían retirado de la zona.

El equipo jurídico que defiende los intereses costarricenses está integrado por los Embajadores Edgar Ugalde y Jorge Urbina, los abogados internacionales James Crawford, Marcelo Kohen, Samuel Wordsworth y Kate Parlett, así como los abogados costarricenses Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes.  Otros integrantes del Equipo Jurídico son Ricardo Otárola, Katherine del Mar, y los funcionarios de la Embajada costarricense en Holanda, Gustavo Campos y Marcela Calderón.

Comunicación Institucional

(2840 CIJ dicta medidas cautelares)

Viernes 22 de noviembre de 2013.