Vicepresidenta y Canciller conversa en la Santa Sede sobre Jornada Mundial de la Juventud y situación en Nicaragua
- Se reunió con el Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin
La Vicepresidenta y Canciller de la República, Epsy Campbell Barr, sostuvo este martes una audiencia privada con el Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin; y el Secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher.
Durante el encuentro, la Vicepresidenta Campbell informó sobre la coordinación desarrollada entre Costa Rica y Panamá, con el objetivo de facilitar todos los procesos migratorios, aduaneros, de seguridad y de transporte, relacionados con la organización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se realizará en enero del 2019, en Panamá; y que contará con la presencia de Su Santidad el Papa Francisco.
“Con motivo de este gran evento, se espera que una gran cantidad de peregrinos ingrese, permanezca y transite a lo largo del territorio nacional antes, durante y después de enero. Miles de jóvenes, adultos y niños estarían viajando desde y a través de Costa Rica, procedentes de la región centroamericana y México. Por ello, conversé en la Santa Sede sobre las gestiones que hemos hecho de manera conjunta los Gobiernos de Costa Rica y Panamá, para que la Jornada Mundial de la Juventud se desarrolle con éxito”, explicó Campbell.
Por otra parte, la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto expuso la inquietud de Costa Rica por la crisis social, económica y política que se vive en Nicaragua.
“Conversamos sobre los impactos que ha tenido en la región la crisis en Nicaragua, así como los esfuerzos que ha hecho la Conferencia Episcopal, para buscar una salida pacífica”, aseguró.
Este domingo, Costa Rica hizo un llamado al cese inmediato de la represión y las detenciones arbitrarias, en Nicaragua.
Asimismo, respaldó el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, sobre la posición de las autoridades nicaragüenses de declarar ilegales las protestas y responsabilizar penalmente a sus convocantes; situación que constituye una clara vulneración de los estándares internacionales que tutelan los derechos humanos.
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